Enrique Galván-Duque Tamborrel
Durante la mañana del martes, el mundo despertó con la noticia de que un deslave de tierra había sepultado el 80% de Tlahuitoltepec, Oaxaca, un municipio de 10,000 personas. Llorosos funcionarios de Tlahuitoltepec dijeron a la prensa que alrededor de 300 a 500 personas podrían haber sido sepultados bajo el lodo, mientras que el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz colocó el número de posibles muertes "hasta en 1,000". El gobierno federal desplegó militares y policías federales a la zona, e incluso los Estados Unidos ofrecieron su asistencia en la excavación de los residentes de Tlahuitoltepec.
Cuando llegaron los rescatistas a Tlahuitoltepec despues de más de diez horas de retraso por la mala condición de las carreteras en el estado, se dieron cuenta de que el deslave no era tan grave como habían pensado. El alud dejó once muertos.
El desastre era predecible, destacando las mortales consecuencias de la notoria corrupción presente en las obras públicas del estado.
La deforestación
La temporada de huracanes de 2010 ha causado un récord en las lluvias al sur de México, dando lugar a inundaciones, deslaves, y muertes en varios estados, incluyendo Oaxaca.
Un informe publicado por el Consejo de Recursos Minerales del gobierno federal en 2001, advirtió que, como resultado de la deforestación, Tlahuitoltepec sufre regularmente grandes deslaves durante la temporada de huracanes. El informe, titulado "Los peligros naturales", advierte que los deslaves en Tlahuitoltepec tienden a afectar tanto a las carreteras, como a las casas. El gobierno no ha hecho nada para resolver el problema de los deslaves en Tlahuitoltepec, donde los residentes viven en las faldas de los cerros, aunque también es cierto que la gente no pone de su parte para hacerlo, es más, se resisten a cambiar su ubicación, circunstancia que se presenta en otras regiones en donde sufren año con año inundaciones y sin embargo son reacios a reubicarse. Este problema es cosa del atavismo de la gente que prevalece en muchas partes de nuestro país.
El alud de lodo que sorprendió al mundo el 28 de septiembre no sucedió durante la noche. El lodo empezó a deslizarse el 13 de septiembre, provocando que las paredes de las casas cercanas deslave comenzaran a agrietare al momento en que la tierra comenzó a moverse. En ese momento, Protección Civil le dijo al presidente municipal que debía evacuar la localidad. Sin embargo, ni el Estado, ni el gobierno federal parecen haber ayudado en la evacuación, ni siquiera les ofrecieron a los residentes Tlahuitoltepec un refugio. Fue sólo después de que los funcionarios locales aparentemente exageraron la magnitud del deslave el 28 de septiembre, que la policía del estado comenzó a escoltar a los residentes de Tlahuitoltepec.
Así como los equipos de rescate evalúan la situación en la región indígena Mixe (donde se encuentra localizada Tlahuioltepec), ellos decidirán si se van a evacuar a 30,000 personas. "En esa zona llueve mucho. El terreno es inestable y podría haber más deslaves", dijo el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz a El Universal. "Es mejor actuar, porque algo puede suceder."
Carreteras de Oaxaca pavimentadas con la corrupción
Desafortunadamente, el gobernador Ruiz decidió actuar sólo cuando los funcionarios de Tlahuitoltepec exageraron el deslave del 28 de septiembre. Las autoridades locales han advertido al gobierno del estado que los deslaves podrían provocar una catástrofe humanitaria, desde agosto cuando se quejaron de que el 50% de las carreteras en la región fueron dañados. "Si no se reparan, vamos a correr el riesgo de que varios pueblos quedarían completamente inaccesibles en los próximos días", dijo el congresista estatal Floriberto Vásquez Vásquez, al gobierno del estado y la prensa. El gobierno del estado ignoro sus ruegos.
El 8 de septiembre, las advertencias Vásquez se convirtieron en una realidad. Ese día, un funcionario del estado de Oaxaca informó que el 80% de 22,000 km de las carreteras del estado fueron dañadas por los deslaves y la mala calidad de las construcciones, incomunicando a más de treinta comunidades del mundo exterior. Los mixes fue una de las regiones más afectadas.
Los caminos y aeropistas de Oaxaca (CAO), la agencia estatal encargada de la construcción y mantenimiento de carreteras de Oaxaca, respondió a las preocupaciones sobre las deplorables condiciones de las carreteras diciendo que no se podían reparar porque no tenía más dinero del presupuesto. A diario, un periódico de Oaxaca que apoya abiertamente al partido gobernante del estado, escribió en un artículo de opinión:
"…son sorprendentes las declaraciones de los funcionarios de CAO en el sentido de que "no hay recursos" para arreglar el 80 por ciento de carreteras dañadas que actualmente tiene Oaxaca, pero entonces uno se pregunta por qué la CAO... mantiene anualmente un millonario subejercicio de recursos. Eso señores, se llama incompetencia. Si hay decenas de comunidades que están incomunicadas por los derrumbes y por el desgalamiento de la red carretera, es una prioridad gestionar los dineros que hagan falta para solucionar la situación.... Es necesario que se realicen auditorías…porque sucede que, a pese a la liberación de los recursos, éstos no llegan a los damnificados la mayoría de las veces… ¿En manos de quién se quedan?"
Reclamos sobre la corrupción en los proyectos de carreteras y otros proyectos en Oaxaca se hacen adiaro. Las sospechas se derivan de los altos costos y los resultados de mala calidad. Algunas carreteras se desmoronan en cuentón de meses.
Los funcionarios públicos a menudo ceden contratos de construcción sin licitación a sus amigos y compañeros de partido. Los ciudadanos sospechan que los fondos de muchos de estos contratos se utilizan para financiar campañas políticas. Tal es el caso en Salina Cruz, Oaxaca, donde Jesús Hiram Mortera financió su campaña a la presidencia municipal con las ganancias de sus proyectos de obras públicas. Dos presidentes municipales sucesivamente le otorgaron la mayoría de los contratos de obras públicas en la ciudad. El gobierno está llevando a cabo la auditoría de los dos ex presidentes municipales sobre presunta malversación de fondos a través de proyectos de construcción de la Mortera. De particular preocupación es la "rehabilitación" de una carretera de cuatro carriles de Mortera en Salina Cruz. La carretera se ha derrumbado en tres ocasiones desde la "rehabilitación" que realizó Mortera.
Hasta el momento nadie ha demostrado que los políticos de Oaxaca y los contratistas malversan el dinero de los proyectos de carreteras mediante el uso de materiales baratos y embolsándose la diferencia. En 2008, los auditores del Estado llegaron a la conclusión de que Carlos Alberto Ramos Aragón utilizó un proyecto de construcción de un bulevar para malversar dinero cuando se desempeñó como presidente municipal de Pinotepa Nacional, Oaxaca; pero nunca se descubrió exactamente cómo: Ramos Aragón simplemente no entregó los recibos a los auditores. Ramos Aragón nunca fue castigado por esta presunta malversación de fondos. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Protección Civil del Estado de Oaxaca, uno de los organismos que se encargan de las labores de rescate en Tlahuitoltepec.
Aunque los detalles sobre cómo los políticos malversan el dinero de proyectos completos de carreteras son vagas o se encuentran sin evidenciar, un reciente escándalo en el programa federal "Pisos Firmes", se muestra cómo muchos oaxaqueños sospechan que los contratistas y los políticos están robando el dinero de los proyectos de carreteras. El gobierno federal proporciona fondos a los estados como Oaxaca a través del proyecto "Pisos Firmes", que instala pisos de concreto en los hogares que tienen piso de tierra. El gobierno federal calcula la cantidad de cemento que es enviado a los estados, basándose en la cantidad y dimensiones de los hogares que reciben los nuevos pisos a través de este programa. En Guerrero, otro estado que recibe cemento a través de "Pisos Firmes", una auditoría federal encontró que los políticos locales y estatales diluyen el cemento donado con arena, lo cual es más barato, por lo que menos cemento fue necesario para instalar los pisos. Los beneficiarios se quedaron con pisos de baja calidad, mientras que los políticos locales vendieron los excedentes de cemento. Los políticos de Guerrero y contratistas malversaron $149 millones de pesos a través del fraude, de acuerdo con la auditoría federal.
Algunas comunidades oaxaqueñas están demandando una auditoría similar del programa "Pisos Firmes" en su estado. Los residentes afirman que los políticos locales están utilizando el mismo esquema para ofrecer menos cemento a los beneficiarios, y que los políticos intercambian el excedente de cemento por votos. Residentes furiosos también afirman que los políticos pagan a los trabajadores a cargo de la instalación de suelos de la mitad de lo que el gobierno federal ha presupuestado como sus salarios, y que los políticos se embolsan la otra mitad.
Si bien las auditorías aún no han descubierto planes de malversación de fondos relacionados con los materiales utilizados para construir carreteras evidentemente mal construidas en Oaxaca, los proyectos "fantasmas" de carreteras son comunes. En los proyectos fantasmas, el gobierno paga por una carretera que se construirá o pavimentara. Los funcionarios locales dicen que el proyecto se terminó y recogen el dinero, pero en realidad el proyecto ni siquiera se inicia. Sólo el pasado agosto, el gobierno federal despidió a nueve funcionarios oaxaqueños por malversación de $930,000 pesos por medio de proyectos fantasmas de carreteras. En abril, las autoridades de sesenta comunidades marcharon en San Juan Mixtepec, en protesta por supuesta malversación de fondos del presidente municipal de $10 millones de pesos en fondos federales a través de proyectos fantasmas de carreteras, puentes y proyectos de agua potable.
Las consecuencias de la corrupción y la malversación de fondos en obras públicas es costoso y mortal, como lo demuestra el desastre de Tlahuitoltepec. Informes exagerados sobre la magnitud del deslave circularon por más de diez horas antes de que los primeros equipos de rescate pudieran llegar a la localidad devastada, que se encuentra a sólo dos horas y media de la ciudad de Oaxaca. El primer equipo de rescate llego a pie porque los caminos estaban intransitables. El equipo pesado como excavadoras llegaron mucho más tarde. Mientras que el mundo vio con horror como las carreteras y los puentes colapsados retrasaban a los rescatistas y el equipo, nadie en Oaxaca se sorprendió porque las malas condiciones de las carreteras que se han convertido en un hecho de la vida cotidiana.
Mientras que la pérdida masiva de vidas parece haber sido evitado en Tlahuitoltepec, el deslave de tierra debe servir como una advertencia para el gobierno estatal y federal, que una mayor supervisión y rendición de cuentas son necesarias para evitar una catástrofe futura.
