Por Manuel Velásquez
Jorge Hank Rhon, una persona polémica y sin duda una ficha en el ajedrez político importante. Hoy está en aprietos judiciales ya que el pasado sábado por la madrugada, fue detenido por el ejército en su residencia en la ciudad de Tijuana, después, fue llevado a la delegación de la PGR en la ciudad.
Pero el empresario no sólo fue alcalde de esa ciudad fronteriza, si no que es uno de los priístas más prominentes del llamado Grupo de Atlacomulco, al cual pertenece el hoy virtual candidato tricolor a la presidencia Enrique Peña Nieto.
Presidencia declaró que Felipe Calderón, no intervino en la decisión de que Hank Rhon fuese detenido. De hecho, según la versión oficial, su detención se llevó a cabo gracias a una denuncia anónima, que se centró en dos sujetos afuera de un hotel que portaban armas.
Éstos al ser interrogados, indicaron la casa del ex alcalde como el lugar de donde provenían, lo que hizo que el ejército se trasladara al lugar y detectara en las inmediaciones a más personas armadas, por lo que procedieron a catear la vivienda, en donde encontraron 88 armas, de las cuales, 49 eran de uso exclusivo del ejército.
Por esto mismo, ahora al excéntrico y polémico empresario que hubiera declarado en su campaña para gobernador de Baja California que la mujer era su animal preferido, puede ser procesado penalmente por acopio de armas, por lo que podría obtener de cinco a 30 años de cárcel y de 100 a 500 días de salario mínimo de multa.
También, Jorge Hank, en el 2000 fue vinculado por la Reserva Federal de Estados Unidos al cártel de Tijuana, y fue detenido en 1995 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por tráfico de piedras preciosas y marfil sin pagar impuestos. Ha sido investigado por el Congreso, así como también se le ha vinculado al asesinato de el periodista Héctor Felix Miranda, fundador del semanario Zeta.
Además, durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, Hank Rhon hizo una fortuna con concesiones de casas de apuestas, las cuales, en México están prohibidas, así como el hipódromo que tiene en Tijuana.
Sin embargo, lo que hoy se discute es sobre si su detención fue ilegal o no, ya que el ejército no tiene facultades de Ministerio Público, o de investigación, por lo que tanto interrogar a presuntos criminales como entrar a una casa sin orden de cateo, supondrían una violación al Estado de Derecho.
En contra parte, el ejército alega que como se estaba cometiendo un delito en flagrancia (acopio de armas entre las cuales había algunas exclusivas del ejército) no hay razón para quebrantar el Estado de Derecho, y ellos sólo procedieron según las facultades que les corresponden.
Pero más allá de que si la actuación del ejército fue buena o mala, está la cuestión de que los mandos castrenses tendrían que considerar al hacer una detención de este tipo, cuando menos, el Secretario de la Defensa, el general Galván, tendría que haber sabido de la operación, y al mismo tiempo comunicárselo al Presidente.
Pero al final, el asunto se queda turbio, entre la cuestión política y la de verdadera justicia ¿acaso algún día podremos saborearla realmente?
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