El verdadero alto al secuestro

  

Por: Jesús Caudillo

Marzo / 2010

  

"Soy un ejemplo de lo colapsado del sistema judicial. Soy un ejemplo de que las autoridades no cumplieron su deber", afirmó contundentemente Isabel Miranda de Wallace, esa mujer dedicada a la educación, que ha querido enfocar su esfuerzo en resolver el problema de la inseguridad. ¿La razón? Su hijo fue secuestrado y asesinado por bandas criminales hace ya algunos años.

 

Con la intención de analizar propuestas y soluciones al flagelo del secuestro en nuestro país, la Comisión de Justicia del Senado de la República organizó el foro "Alto al Secuestro" los días 2 y 3 de marzo, en los que diversos políticos, académicos y líderes sociales discutieron las causas del fenómeno, así como las propuestas que se han generado en torno al problema.

 

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace es una experiencia. Es una mujer capaz de sostener la mirada de los medios de comunicación, así como de los políticos responsables del asunto, y dar ante ellos un testimonio valiente de lucha contra el secuestro. Oír que se quiebra su voz cuando recuerda a su hijo asesinado es nada menos que impactante.

 

Ver que se aspira a resolver el problema del secuestro es alentador, aunque no lo es tanto cuando nos insertamos a desentrañar el fenómeno delincuencial de nuestro país.

 

El secuestro es sólo una parte del problema de inseguridad. No se toma en cuenta el desbordado tema del narcotráfico, de la trata de personas, entre otros. No se consideran los delitos del fuero común, como asalto y robo a casa-habitación. El fenómeno del delito es mucho más amplio y si algo parece haber faltado a este foro fue precisamente no haber relacionado este delito con otros más.

 

Si el Estado mexicano realmente está empeñado en buscar soluciones reales a este flagelo, es necesario que fije su mirada en la necesidad de explicar el fenómeno delincuencial para encontrar soluciones y políticas públicas encaminadas a ello.

 

¿Por qué alguien es capaz de delinquir? ¿Por qué alguien puede traficar drogas, asesinar personas, privarlas de su libertad y quitarles sus bienes que en justicia les pertenecen? Con el paso de los años y el desarrollo de la sociedad contemporánea, han surgido teorías interesadas en dar respuesta a estas cuestiones.

 

Las teorías culturalistas afirman que hay elementos contextuales que llevan a un individuo a delinquir: la familia, el lugar de residencia, las relaciones sociales, entre otras. Si una persona se desenvuelve en un contexto capaz de detonar estas conductas, la probabilidad de delinquir es muy alta.

 

Si un gobierno genera la percepción de que las reglas y leyes pueden dejar de cumplirse sin consecuencias, se entra en un estado de riesgo, según esta corriente teórica.

 

¿Cuál es la perspectiva de solución al fenómeno delincuencial si en nuestro país las instituciones y los funcionarios de seguridad pública son cuestionados, señalados de proteger delincuentes y de ser ineficientes en sus labores?

 

Da la impresión de que se ha extendido entre la población el cinismo de la impunidad. La justicia la paga el que tiene dinero. Si las instituciones del Estado no son capaces de procesar a personajes de alto nivel por presuntos delitos, ¿cuáles son los incentivos del ciudadano de a pie para cumplir con las leyes, reglas y normas que se han construido en este pacto social?

Hay ciudades y zonas de éstas que se encuentran marginadas, en las que la moneda de cambio es la violencia. Ahí, el tráfico de drogas, la prostitución y la piratería son algunos de los delitos más comunes. ¿Cómo las atiende el Estado? Por ejemplo, ¿de qué políticas públicas puede hablar el Gobierno del Distrito Federal para zonas específicas, como Tepito e Iztapalapa, entre otras?

 

El secuestro está íntimamente relacionado con otro tipo de delitos: con el narcotráfico y con la guerrilla, por mencionar a algunos. ¿Por qué no plantear soluciones integrales? ¿Existe la voluntad política para hacerlo? Parece que no.

 

Isabel Miranda de Wallace, en su participación en aquel foro en el Senado de la República, planteó una propuesta de solución que incluye la participación de instituciones locales y federales, así como de organismos de educación, salud, trabajo, entre otros.

 

"De nada sirve tener una ley perfecta si no se cumple", indicó. Y vaya que tiene razón. La clave para resolver nuestro problema de inseguridad es hacer cumplir las leyes. Es nuestro deber verificar que los legisladores les den sentido y contenido. El rediseño de nuestro sistema judicial, ordenado en este sentido, es imperativo.

 

Que la clase política, que los hombres de poder, que quienes caminan impunes en el fango del delito sean castigados según nuestras leyes. Sólo así se puede garantizar que exista un aparato lo suficientemente sólido para transformar las penosas cifras. Hoy, sólo el 3 por ciento de los delitos que se cometen son castigados, según Wallace. Vivimos el paraíso de la impunidad y esto debe terminar.

 

Existe el compromiso explícito de los senadores de aprobar una Ley General de Secuestro antes del 30 de abril. Es un primer paso. Veremos si es cierto.

 

 

 «El respeto a la ley enaltece nuestro espíritu»