Por: Jesús Caudillo noviembre / 2009 Los ministros de la Corte salientes dejan tras de sí una estela de contrastes. Hay quienes, en cuanto a sus perfiles, los señalan como los opuestos entre sí. En muchos momentos enfrentados por las discusiones de asuntos relevantes para la vida nacional, Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón dejan su cargo de ministros entre muestras de apoyo e inconformidades. En términos llanos, ¿cuál es el legado que dejan estos personajes para la institución y para el sistema de justicia mexicano? LA CORTE EN LOS AÑOS DEL PRIISMO
A través de las instituciones capturadas por el poder político, el primer mandatario podía hacer de todo. Designaba diputados y senadores, líderes sindicales y gobernadores. Con tan sólo una llamada lograba modificar a conveniencia los contenidos de los medios de comunicación masivos. La inseguridad era un fenómeno controlado desde el poder. Nada escapaba al poder del presidente. En ese contexto, también el sistema judicial se encontraba bajo el mando del único que lo decidía todo. Una vez terminada la revuelta revolucionaria de las primeras décadas del siglo XX, la realización del ideal democrático en nuestro país estaba poco más que lejos. El funcionamiento de los Poderes de la Unión quedó tan sólo como un buen deseo. El Poder Judicial no escapó a la sujeción de la "familia revolucionaria", incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante ese periodo, el órgano supremo de impartición de justicia del país fungió más como otro brazo del poder político que como el árbitro de la vida pública. Llegado el 2000, dada la alternancia en el poder, el sistema político mexicano sufrió modificaciones que todavía no se alcanzan a comprender del todo. Hemos de decir, sin embargo, que el Ejecutivo había comenzado a perder, desde hacía algunos años previos, facultades y margen de maniobra, de modo que el papel del Legislativo en este nuevo modelo mexicano de gobierno dividido complicó en ocasiones la obtención de acuerdos entre poderes. En ese sentido, la Corte logró asumir un papel decisivo en cuanto que comenzó a dirimir las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en ese proceso, los ministros salientes, Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón, tuvieron un papel protagónico. LOS MINISTROS DE LA CORTE Y EL PODER POLÍTICO Pensar que los impartidores de justicia son verdaderamente imparciales y se apegan estrictamente a derecho, al menos en el caso mexicano, es ingenuo. Las filias y fobias de los ministros de la Corte se manifiestan en el sentido de sus votaciones. ¿Si no, cómo explicar que Genaro Góngora Pimentel sea señalado como uno de los juristas más cercanos al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo entender que ante el nombre de Mariano Azuela Güitrón se revuelvan las tripas de las buenas conciencias progresistas? Los ministros salientes llevan en su toga la marca política de las causas que defendieron y que, por ende, los definieron en el espectro político. Genaro Góngora, se cuenta en corredores políticos, fue quien reveló a López Obrador que se iniciaría un proceso de desafuero en su contra. Este hecho terminó de distanciarlo con su compañero de batallas, el ministro Mariano Azuela Güitrón. En la entrada a su despacho de la Corte, Góngora tenía una pecera con un solo animal: un pejelagarto. Mariano Azuela fue el ministro que encabezaba la Corte cuando fue consultado por el entonces presidente Fox para darle a conocer, de primera mano, el juicio de desafuero que se preparaba contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Fui a esa reunión, afirma, "para ir en representación del Poder Judicial a dar un punto de vista en torno a qué sucedería si no se cumplía con una sentencia de amparo. Sí se volviera a presentar esa situación, volvería a actuar del mismo modo". Genaro Góngora es el mismo ministro que califica como ilegal a la familia conformada entre hombre y mujer. El reconocimiento de las familias, según él, debe aceptar diversas formas. Afirma que el aborto "no es un tema que deba involucrarse con corrientes o posturas ideológicas; es un tema de derechos humanos y fundamentales de la mujer". No es raro, pues, que haya votado a favor de que en el Distrito Federal se legislara en pro del aborto. Mariano Azuela votó en contra de procesar a Mario Marín, gobernador de Puebla, por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho. A pesar de las evidencias que existieron y que incluso se mostraron a la luz pública, el ministro Azuela decidió que no era procedente ejercer ninguna acción en contra del llamado "gober Precioso". Genaro Góngora afirmó en enero pasado –todavía siendo ministro de la Corte– que legalizar a favor de la vida discrimina en razón de género porque es obligar a la mujer a terminar su embarazo bajo cualquier circunstancia; discrimina en razón de edad porque "no se respeta el momento biológico y físico en el que la mujer se siente lista para el ejercicio de la maternidad; discrimina por motivos de religión porque no existen criterios objetivos y razonables que justifiquen que se debe valorar al embrión como persona. Mariano Azuela se ocupó de defender desde la Corte a los no nacidos. La acción de inconstitucionalidad que interpusieron la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue atendida por el ministro Azuela. Su voto, en congruencia con su juicio, fue en contra de la ley aprobada en el Distrito Federal. Genaro Góngora fue férreo opositor de la exoneración de Mario Marín en el caso de Lydia Cacho. Aspiró a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero fue imposibilitado por su cargo en la Corte. Es calificado por muchos como el líder de los ministros progresistas. En diciembre de 2006, el Congreso de la Unión en su conjunto aprobó una ley en detrimento del Estado mexicano: la "Ley Televisa". En enero de 2007, la Corte, declaró inconstitucional dicha ley, dado que estipulaba que las concesiones de radio y televisión, una vez vencidas, se refrendarían automáticamente y el Estado dejaría de recibir una contraprestación. A todas luces, una ley injusta. Los votos de Góngora y Azuela se dirigieron en el mismo sentido. PERSECUCIÓN PERMANENTE A LA MISMA DOCTRINA Góngora y Azuela dejan sus asientos en la Corte con claroscuros. Nadie duda de su capacidad como juristas, sin embargo su ministerio es una reflexión para el sistema político sobre el papel que tiene la impartición de justicia y cómo se llega a someter a las circunstancias y conveniencias políticas de tal o cual partido o ideología. Nuestro diseño institucional deja muy en claro que la aplicación de la ley es todavía una materia pendiente en nuestro país. Al margen de la legislación, la aplicación de la ley y la impartición de justicia tienen un largo trecho qué recorrer. Alcanzar a ver la forma en la que ministros del máximo tribunal del país pueden llegar a convertirse en abanderados de causas e intereses particulares se debe traducir en un reclamo específico de autonomía para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte, como hemos dicho, ha asumido su papel de árbitro, dado que dirime conflictos no sólo entre poderes de la Unión, sino entre actores políticos y sociales diversos. Es conveniente lograr que esta institución sea garante de la aplicación imparcial de la ley. En gran medida esto se logrará sólo si los procesos de elección de ministros se independizan de intereses políticos. Esta lección, este reclamo, bien pueden ser el legado de Góngora y Azuela.
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